La transformación digital de la facturación en España acaba de dar un giro relevante: VeriFactu se aplaza a octubre de 2028. El Ministerio de Hacienda ha anunciado el aplazamiento de las obligaciones pendientes asociadas a VeriFactu, el sistema que regula los requisitos de los programas de facturación (Real Decreto 1007/2023), hasta esa fecha, alineando su entrada en vigor con la futura obligación de facturación electrónica para pymes y autónomos.
La decisión supone un cambio importante en el calendario de digitalización fiscal, pero no modifica el rumbo. La Agencia Tributaria mantiene intactos los objetivos de control, trazabilidad e integridad de la información, mientras busca que empresas, autónomos, desarrolladores de software y asesorías afronten una única transición tecnológica en lugar de varios procesos sucesivos.
En este artículo te explicamos qué cambia en el calendario de VeriFactu, qué se mantiene y qué deberían hacer ahora las empresas y autónomos.
¿Qué ha cambiado en el calendario de VeriFactu?
Hasta ahora, VeriFactu tenía previsto entrar en vigor durante 2027. El calendario legal, fijado por el Real Decreto-ley 15/2025 y todavía vigente mientras no se publique la nueva norma, contempla su aplicación desde el 1 de enero de 2027 para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y desde el 1 de julio de 2027 para el resto de empresas y autónomos.
Sin embargo, Hacienda ha anunciado que retrasará estas obligaciones hasta octubre de 2028 para hacerlas coincidir con la implantación de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los ocho millones de euros.
Según la explicación ofrecida por el propio Ministerio, el objetivo es lograr la máxima convergencia posible entre ambos modelos de digitalización, tanto desde el punto de vista técnico como normativo. Conviene recordar que la Orden HAC/1028/2026, publicada en el BOE el 5 de octubre de 2026, ya ha activado los plazos de la factura electrónica: las empresas que facturan más de ocho millones de euros deberán emitirla a partir de octubre de 2027.
VeriFactu no desaparece: solo cambia el calendario
Es importante entender que el aplazamiento no supone una marcha atrás en el proyecto.
El marco regulatorio que da soporte al sistema sigue siendo el establecido en el Real Decreto 1007/2023, norma que regula los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación utilizados por empresas y profesionales.
La filosofía del modelo permanece intacta:
- Garantizar la integridad de los registros de facturación.
- Evitar alteraciones o eliminaciones posteriores de los datos.
- Mejorar la trazabilidad de las operaciones.
- Reducir la utilización de software de ocultación o manipulación de ventas.
- Incrementar la calidad de la información disponible para la Administración Tributaria.
De hecho, Hacienda ha confirmado que los requisitos relacionados con la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros seguirán siendo sustancialmente equivalentes tras la adaptación de la normativa.
Una decisión que responde a la realidad de pymes y autónomos
El retraso llega después de meses de peticiones por parte de organizaciones empresariales, asesorías y colectivos profesionales que advertían de la complejidad de afrontar varios cambios regulatorios en un corto periodo de tiempo.
En la práctica, muchas empresas se encontraban ante la perspectiva de adaptar sus sistemas primero a VeriFactu y posteriormente a la factura electrónica obligatoria, con los costes tecnológicos, formativos y operativos que ello implica.
La nueva hoja de ruta permite concentrar esfuerzos en una única transición digital más coordinada, reduciendo duplicidades y facilitando una implantación más ordenada. Esta visión ha sido respaldada públicamente por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que venía defendiendo la necesidad de armonizar los distintos calendarios regulatorios relacionados con la digitalización tributaria.
El siguiente paso: converger con Europa y la directiva ViDA
La decisión no solo busca sincronizar VeriFactu con la factura electrónica española.
Hacienda también ha avanzado que trabajará para adaptar determinados aspectos técnicos y normativos a los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age), obligatorios a partir de 2030, que impulsará nuevos modelos de reporte digital e intercambio de información fiscal en toda la Unión Europea durante los próximos años.
Esto significa que la digitalización de la facturación ya no debe plantearse únicamente como una exigencia nacional, sino como parte de una transformación más amplia que afectará a la gestión fiscal europea en la próxima década.
Qué deberían hacer ahora empresas y autónomos ante el aplazamiento de VeriFactu
Aunque octubre de 2028 parezca una fecha lejana, el mensaje para empresas y autónomos no debería ser el de aplazar decisiones.
La dirección de la normativa sigue siendo la misma: procesos de facturación más digitales, registros más seguros, mayor trazabilidad y una integración progresiva con los sistemas de información tributaria.
Por ello, las organizaciones que ya están modernizando sus soluciones de gestión cuentan ahora con una ventaja adicional: podrán realizar esa evolución tecnológica con más planificación, menos urgencia y un horizonte regulatorio más alineado.
La oportunidad detrás del aplazamiento de VeriFactu
Más que una pausa, el retraso de VeriFactu representa una oportunidad para preparar adecuadamente la transición digital. La Administración gana tiempo para armonizar normativas. Los proveedores tecnológicos disponen de un marco más estable para evolucionar sus soluciones. Y las empresas pueden abordar la adopción de nuevas herramientas con una visión estratégica y no únicamente reactiva.
La fecha cambia, pero el destino no. La facturación digital seguirá siendo uno de los grandes ejes de la modernización empresarial y fiscal en España durante los próximos años.
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