La STS 1119/2025 del Tribunal Supremo supone un punto de inflexión en la forma en que la Administración puede utilizar algoritmos para tomar decisiones que afectan a la ciudadanía. A raíz del litigio promovido por la Fundación Civio en torno al acceso al código fuente de BOSCO —la aplicación que decide automáticamente quién puede beneficiarse del bono social eléctrico—, el Alto Tribunal reconoce el derecho a auditar estos sistemas como una manifestación del derecho constitucional a la información. Esta sentencia consolida el principio de transparencia algorítmica en el sector público, limita el uso genérico de excusas como la propiedad intelectual o la seguridad nacional y abre la puerta a un mayor control ciudadano sobre herramientas clave como LEXNET o MINERVA, en línea con las exigencias del futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
Contexto del caso
La Fundación Civio solicitó en 2018 el acceso al código fuente de BOSCO, una aplicación del Ministerio para la Transición Ecológica que decide automáticamente si un ciudadano puede acceder al bono social eléctrico.
Tras varios rechazos administrativos y judiciales, el caso llegó al Tribunal Supremo, que resolvió en favor de Civio en septiembre de 2025.
Contenido de la sentencia
Derecho constitucional: El Supremo reconoce el derecho de acceso al código fuente como parte del derecho constitucional a la información, vinculado a la democracia, la fiscalización del poder y la participación ciudadana.
Transparencia algorítmica: La sentencia establece que los algoritmos utilizados por la Administración para tomar decisiones deben ser auditables, especialmente cuando afectan derechos fundamentales.
Rechazo de límites genéricos: El Tribunal rechaza que se pueda invocar de forma genérica la propiedad intelectual o la seguridad nacional para negar el acceso. Estos límites deben ser ponderados caso por caso.
Impacto del algoritmo: BOSCO no es una herramienta de consulta, sino un sistema que toma decisiones automáticas sin intervención humana. Por tanto, su funcionamiento debe ser transparente.
Seguridad y mejora del sistema: El Supremo argumenta que la transparencia puede fortalecer la seguridad del sistema, al permitir que terceros detecten vulnerabilidades.
Principios establecidos
Transparencia como garantía democrática: La opacidad algorítmica es incompatible con el Estado de Derecho.
Auditoría ciudadana: El acceso al código fuente permite a la sociedad civil controlar el funcionamiento de los sistemas públicos.
No hay software público blindado: El copyright no puede ser un escudo absoluto frente al derecho de acceso.
Exigencia de explicabilidad: Las decisiones automatizadas deben ser comprensibles y justificables.
Relevancia práctica
Esta sentencia crea jurisprudencia y puede aplicarse a otros sistemas como LEXNET o MINERVA.
Refuerza el marco legal nacional en línea con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
Obliga a la Administración a diseñar sus sistemas con criterios de open source, revisión externa y participación ciudadana.
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