El Tribunal Supremo ha zanjado en 2025 uno de los debates más controvertidos en materia laboral: ¿pueden los jueces conceder indemnizaciones superiores a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores en casos de despido improcedente? Tras años de resoluciones dispares y referencias a normas internacionales que hablaban de una “indemnización adecuada”, el Alto Tribunal establece que la cuantía tasada del ET es el único marco válido. Con ello, se refuerza la seguridad jurídica para empresas y trabajadores, pero se cierran las puertas a indemnizaciones adicionales salvo que el legislador decida reformar la ley.

Contexto Legal
La indemnización por despido improcedente en España está regulada por el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que establece una cuantía tasada:
- 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades (o 45 días para antigüedad anterior a 2012).
Debate jurídico
En los últimos años, algunos tribunales habían concedido indemnizaciones adicionales en casos concretos, basándose en:
- El Convenio 158 de la OIT, que exige una “indemnización adecuada”.
- El artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, que también habla de “reparación adecuada”.
La cuestión era si estos textos internacionales permitían superar judicialmente la indemnización tasada del ET.
️ Decisión del Tribunal Supremo
El Supremo concluye que:
- No es posible incrementar la indemnización judicialmente más allá de lo previsto en el ET.
- Las expresiones “indemnización adecuada” en los tratados internacionales son programáticas, no directamente aplicables.
- Solo el legislador puede modificar el sistema de indemnización, no los jueces.
- La indemnización tasada ya cumple con los estándares de adecuación, seguridad jurídica y reparación.
Consecuencias prácticas
- Los jueces no pueden conceder indemnizaciones superiores por circunstancias personales del trabajador (como edad, impacto emocional, etc.).
- Solo una reforma legislativa podría cambiar este criterio.
- Se refuerza la uniformidad en el tratamiento de los despidos improcedentes.
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